This article by Alexandra Abello Colak was published by the Observatory of Human Security of Medellin (Observatorio de Seguridad Humana de Medellin, Colombia) on 11 April 2013.
The article analyses the security discourse in Medellin, Colombian second city, and the focus of current security responses there. It argues that this city recently named the world’s most innovative city[1], still suffers from chronic insecurity problems mainly affecting the poorest communities and that it also faces a key challenge: The reformulation of its security agenda. The article argues that the invisibilization of the kind of security problems affecting residents in poor urban communities has led to problematic silences in the current security agenda. These hinder the city’s capacity to bring to an end the reproduction of violences that is still underway despite reductions in levels of homicides rates. The article calls for recognition of the voice and the security experiences of the most vulnerable communities in the city. It also highlights the work of the Observatory of Human Security of Medellin, which is in the process of developing research methodologies to study security with urban communities that are vulnerable to chronic levels of violence since 2009.
Silencios en la Agenda de Seguridad de la Ciudad
En el último informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo el pasado 6 de Marzo, esta institución alertaba sobre la grave situación de riesgo en la que se encuentran habitantes de las comunas Villa Hermosa (8), La Candelaria (10), San Javier (13) y Belén (16) y de los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de la ciudad de Medellín. La Defensoría estimaba que alrededor de 95.000 personas que viven en barrios de estas comunas y corregimientos están en riesgo de ser víctimas de amenazas, intimidaciones, extorsiones, restricciones al libre movimiento por los barrios, reclutamiento, enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y violencia y explotación sexual por parte de grupos armados ilegales, a través de los cuales estructuras criminales como la Oficina de Envigado y los Urabeños se disputan el control territorial de estas áreas de la ciudad.
Además de los 18,500 niños, adolescentes y jóvenes hombres entre los 10 y los 19 años que se calcula están en riesgo de ser reclutados y usados por estos grupos armados ilegales, la Defensoría identificaba a niñas, adolescentes y mujeres de estas comunidades y a líderes sociales y comunitarios, activistas de derechos humanos, población desplazada, comerciantes, transportadores y personas que realizan trabajo social en estas comunidades, como grupos que están en especial condición de vulnerabilidad frente a estas amenazas.
Este preocupante panorama de vulneración de derechos y las diversas formas a través de las cuales se ejerce violencia y se genera inseguridad en la ciudad, no se ven reflejados en las cifras de homicidios, ni de los llamados delitos de alto impacto, que son los que frecuentemente concentran la atención y los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales, tal y como quedó demostrado el pasado 2 de Abril en el balance hecho por el Presidente Santos de la intervención que se llevó a cabo en la ciudad para mejorar la situación de seguridad.
El balance presentado por el Presidente en la comuna 13, precisamente una de las más afectadas por las amenazas contra líderes y residentes que se niegan a colaborar con los grupos armados, por la vinculación de niños y jóvenes a estos grupos, por el desplazamiento forzado, por amenazas a jóvenes miembros de agrupaciones artísticas y procesos juveniles y por enfrentamientos entre combos; reconocía que la intervención del Estado no sólo había concentrado la acción de la Policía en el combate a los homicidios, al hurto común, hurto al comercio, hurto de automotores, a la microextorsión y al microtráfico, sino que buscaba primordialmente frenar el aumento en el número de los homicidios que se registró en Medellín en los primeros meses del año. A partir de reducciones porcentuales en el número de homicidios, hurtos y extorsiones y el número de capturas que realizó la Policía (1,292 en dos semanas), las autoridades daban un parte de tranquilidad a la ciudad.
Pese a la importancia que representan disminuciones en el número de muertes violentas y de hurtos en la ciudad, genera un gran desconcierto el silencio dentro del discurso oficial sobre la compleja situación de inseguridad y los graves riesgos de vulneración de derechos a los que están expuestos todavía y de manera cotidiana muchos habitantes de Medellín. Dada la evolución de los factores de inseguridad en la ciudad y de los mecanismos de violencia usados por actores armados, las reducciones en las cifras de homicidios y delitos al patrimonio económico esconden formas de inseguridad crónicas y procesos de reproducción de violencia que siguen ocurriendo en la ciudad.
La invisibilizacion de la experiencia de inseguridad de los habitantes de las comunidades más vulnerables, no sólo conlleva a la imposibilidad de articular estrategias de seguridad que sean efectivas a corto, mediano y largo plazo, sino que además plantean un gran interrogante sobre la forma en que se articula la agenda de seguridad en la ciudad, sobre su pertinencia y sobre la exclusión de ciertos sectores de la población en procesos que son cruciales para la ciudad.
La agenda de seguridad que guía la acción de diferentes actores institucionales en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan la ciudad y que se traduce en políticas, programas, leyes, intervenciones focalizadas, etc., no es sólo un asunto técnico de competencia de la Policía y de expertos en materia de seguridad urbana. La agenda de seguridad, como otras agendas de política pública, toma forma a partir de procesos de interacción, negociación y concertación entre diversos actores (representantes de diferentes instituciones estatales, gremios económicos, medios de comunicación, organizaciones civiles y comunitarias, iniciativas ciudadanas, etc.). En otras palabras, las agendas de seguridad reflejan la efectividad de la representación y la capacidad de incidencia de diferentes actores, sectores sociales, grupos poblacionales y comunidades de la ciudad.
La invisibilizacion de la realidad compleja que viven residentes de algunas comunidades en el discurso y la agenda de seguridad, hace necesario cuestionarse sobre los retos que todavía existen en materia de inclusión e integración de sectores importantes de la población a la ciudad innovadora, también sobre la ausencia de mecanismos de participación de estos sectores en la formulación de la agenda de seguridad, que vayan más allá de las labores de inteligencia como informantes y delatores a las que se les invita a participar.
Un reto fundamental para que la ciudad logre la desactivación de los factores y procesos que en las últimas décadas han permitido la reproducción de múltiples violencias, es la revisión de la agenda de seguridad que sirve de hoja de ruta para la acción estatal y la de otros actores sociales. La construcción de una agenda pasa por la identificación de problemas y la elaboración de diagnósticos, por la identificación de estrategias adecuadas, pero sobre todo por la definición de qué significa construir barrios, comunidades y ciudades seguras. En ese proceso permanecen ausentes las voces de las comunidades más vulnerables, es especial la voz de sus jóvenes, que son frecuentemente objeto de intervenciones de seguridad.
Consolidar una agenda que reconozca los aciertos del Estado y de la sociedad civil organizada en los territorios que ha demostrado alta capacidad de resiliencia en medio de la violencia, pero que también reconozca los grandes retos que existen todavía, que se encamine a garantizar la seguridad de los habitantes de Medellín en todas sus dimensiones y que se pregunte no sólo cómo capturar a miembros de grupos armados ilegales, sino cómo transformar el contexto social, político, económico e institucional que les permite tener tanta incidencia y capacidad de mutación; es probablemente uno de los retos más importantes para la ciudad.
La investigación y la producción de conocimiento sobre seguridad juegan un rol importante en el proceso de articulación de la agenda de seguridad de la ciudad. El análisis y la recolección de datos sobre ciertos fenómenos de inseguridad pueden ayudar a visibilizarlos y a comprenderlos, pero también pueden inesperadamente excluir otros del debate público. En este sentido el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín busca contribuir al debate desarrollando formas de investigación sobre seguridad con las comunidades que están más expuestas a la inseguridad y a la violencia urbana. A través de diferentes actividades de interacción para la recolección y análisis de información con varios grupos poblaciones, busca tener una mayor comprensión no sólo de los problemas que afectan la seguridad de jóvenes, mujeres, niños y niñas, desplazados y población LGBT que viven en las laderas de Medellín, sino también del impacto de las políticas públicas sobre esas problemáticas y de las iniciativas ciudadanas que se articulan en estos contextos como respuesta a la inseguridad. La posibilidad de visibilizar estas realidades es una oportunidad para ayudar a repensar la agenda de seguridad de la ciudad.
Alexandra Abello Colak is a PhD Candidate at the Department of Peace Studies at University of Bradford (UK) and an Academic Consultant to Observatory of Human Security of Medellin (Colombia)
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